Opinión: De la cultura de la cancelación a la responsabilidad colectiva

Por: Luisa Uribe

Después de más de un año de pandemia, hemos vuelto a una relativa “normalidad” en la mayoría de comunidades de música electrónica en América Latina. En ese camino de vuelta a los espacios de fiesta, he encontrado que por muchas reflexiones y denuncias que se hayan hecho en los últimos meses, el panorama de violencias (tanto de género como raciales y de clase) no ha cambiado mucho. Si bien hay muchos más espacios autogestionados y alternativos, en los de mayor alcance y reconocimiento las jerarquías entre público “VIP” y el resto de lxs asistentes —y las dinámicas de violencia simbólica contra las mujeres o personas queer/LGBTI— permanecen. 

¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo abordamos y analizamos la complejidad de lo que las fiestas son y permiten para todxs lxs que hacemos parte activa de ellas? 

El panorama general 

En los últimos años se han hecho públicas diversas denuncias sobre violencias sexuales y de género al interior de comunidades de música electrónica en todo el mundo, incluyendo a varios países de América Latina; por ejemplo, el 6 de agosto del 2020 contra el DJ colombiano residente en Miami Erick Morillo, y luego en Colombia, en contra del DJ y productor Hernán Cayetano. 

Ilustración por: @cria_cuerv0s

A esto se suman los numerosos casos de amigos o conocidos que todxs en los espacios culturales hemos escuchado durante años. Las zonas grises, las historias encontradas, el “quién dijo qué” con el que nos encontramos inevitablemente en los diversos espacios de fiestas, festivales en los que tienen lugar las comunidades de música electrónica. 

En América Latina, además, según la OMS, para el 2019 3.529 mujeres fueron víctimas de feminicidio, los porcentajes de violencia física y sexual por parte de parejas o exparejas superan el 18% en Colombia, y están entre el 9 y el 11% en países como México, Ecuador y Perú. Adicionalmente, en los circuitos culturales la discriminación, el acoso sexual, la brecha salarial y la falta de visibilidad son comunes debido a los prejuicios que existen sobre las mujeres artistas y sobre las figuras de productores, directores o compositores, usualmente proyectadas y validadas en torno a la masculinidad. 

Por eso, estas denuncias formales y todas las historias que conocemos y repetimos con el regreso a las fiestas no caen en el vacío. Abren preguntas sobre lo que sucede al interior de los circuitos de música electrónica: ¿qué es lo que permite la sistematicidad y facilita el ejercicio de las violencias? Son preguntas que, además, sobrepasan los casos individuales y nos llevan a reflexionar sobre las comunidades que habitamos: ¿cuáles son las prácticas concretas que hacen de las escenas/comunidades contextos permisivos con la violencia o el abuso sexual? ¿Qué caracteriza a esos contextos? Y, de cara a la reciente reapertura de los espacios de fiesta en casi todos los países del continente, ¿qué sigue? ¿Cómo tramitar o reparar estas violencias? 

Propongo dos dimensiones imprescindibles para responder a esas preguntas. Primero, el problema con la distribución del poder: ¿quiénes son los dueños de los clubes, de los equipos, los socios mayoritarios o los que están a la cabeza de fiestas y festivales?, ¿quiénes son los promotores y los gestores? 

Ilustración por: @cria_cuerv0s

No hay cifras oficiales, sin embargo el trabajo de la plataforma female:pressure con respecto a la participación de mujeres, personas trans, racializadas y no binarias dentro de la música electrónica revela que éste es un sector mayoritariamente masculino/masculinizado. 

Segundo, el pacto de silencio. Ese acuerdo tácito en el que nadie sabe oficialmente nada. Y es que, a pesar de que cualquier agente activo(a) de estas comunidades haya presenciado o escuchado sobre las violencias, el pacto opera como una red que impide la salida de información por miedo a la pérdida de conexiones o recursos. Aquí me refiero a los mecanismos que se ponen en marcha para retrasar una denuncia o hacerla confidencial, para evitar que trascienda al ámbito público, o que cuando la denuncia ya trascendió a ese ámbito sea olvidada rápidamente o tratada como un chisme más. 

Dichos mecanismos están compuestos de diversas acciones y discursos en simultáneo: DJs y promotores que se niegan a pensar en protocolos de seguridad para sus eventos, organizadores que con acceso a conocimientos y recursos no hacen parte de la conversación, etc.  No se trata de una actividad que esté siendo coordinada por una persona o por un grupo de personas que se reúnen en secreto.

Son, más bien, todas las veces que una mujer es sacada de un espacio junto con su agresor cuando denuncia el acoso; la insistencia en la paranoia o la histeria de quienes denunciamos y acompañamos a las víctimas, el asumir que “estaba borracha o drogada” son excusas válidas de las violencias, las “noches de chicas” como bandera de la inclusión sin ningún tipo de reflexión de fondo, o la validación de presuntos abusadores en espacios como fiestas y festivales, en los que siguen siendo headliners sin ninguna repercusión. 

En ese sentido hablo de sistematicidad, no como una paranoia de clubes secretos, sino como el peso del patrón de silencios compartidos y el olvido sistemático de las historias que salen a la luz pública. Es una sistematicidad que dificulta la reflexión, la transformación y la construcción de espacios de transición. Las violencias se olvidan, se normalizan o se esconden, pero nunca se confrontan. Y ésta es una visión que funciona como justificación: si olvidamos, normalizamos y escondemos al final no es tan grave. Es un asunto menor y podemos seguir haciendo fiestas, eventos y construyendo comunidades sin nunca hablar de esto. 

La realidad, sin embargo, es otra. La culpa, el dolor y la vergüenza se desbordan y llegan a todas partes. Mientras que para muchos la exposición constante del problema se convierte en el problema mismo, para nosotrxs, el olvido colectivo solo ha funcionado como ladrillos que se acumulan uno tras otro, construyendo un muro altísimo que nos aleja de las expectativas de libertad y horizontalidad que nos movilizan a todxs, o a la gran mayoría de actores de estas comunidades. 

Que cada vez sea más común “tener” que asistir a fiestas con presuntos violadores, o que los circuitos dependan de productores y gestores que prefieren obviar las violencias que han perpetrado sus socios o amigos, termina generando ciclos de revictimización y haciendo de los espacios colectivos fuentes de inseguridad y exclusión para mujeres DJs, productoras, gestoras y asistentes. 

Por eso los debates en torno a ir más allá de los “escraches” y/o denuncias públicas son hoy tan pertinentes. No porque atribuir responsabilidades individuales y colectivas (ambas con nombres propios) no sea importante, sino porque es fundamental que pensemos en cómo nos estamos haciendo cargo de esas situaciones que en conjunto son la expresión de violencias estructurales y que requieren de procesos de accountability (responsabilidad y rendición de cuentas). 

Reparación y reflexión en colectivo

Accountability es una noción centrada en la justicia restaurativa que, según la académica Ayesha Khan, parte de cuatro principios: 

Primero, que la violencia es contextual. Es decir, todxs somos igualmente capaces de ejercer violencia dependiendo de las circunstancias. No existe algo así como la víctima perpetua o el eterno perpetrador. Por eso es que son injustificadas las reacciones que se tienen contra las denuncias a DJs, promotores o gestores. No es que creamos que todos los hombres son agresores y que nosotrxs somxs víctimas perfectas, es que ellos lo han sido de forma sistemática y no estamos haciendo nada al respecto.  

Segundo, que todxs hemos sido determinados por los procesos de socialización. Esto significa que las identidades que nos otorga la sociedad determinan cómo somos socializadxs. Hay procesos que nos configuran y de los que no somos conscientes (ej: el machismo, la misoginia, el racismo). De ahí la importancia de espacios para la reflexión y las conversaciones colectivas. Podemos estar pasando por alto cómo nuestras posiciones de privilegio afectan a otras personas o incluso perdiendo de vista la gravedad de negarnos a hablar de violencias en los espacios de fiesta porque son “para divertirnos”. 

Tercero, que somos parte de la construcción de la sociedad y de esos procesos. Esto implica que a pesar de lo estructural también tenemos un rol activo y de responsabilidad en nuestras relaciones con lxs demás. No basta con decir que el acoso en las fiestas es culpa del machismo, o que la discriminación racial en las fiestas en grandes ciudades existe porque en toda la región hay racismo. Tenemos que reconocer cómo y dónde podemos movilizar recursos para cambiar esas dinámicas. 

Finalmente, la responsabilidad colectiva parte de que la inequidad es violenta. Para Khan, la opresión siempre generará más violencia, y ese contexto es importante para pensar en atribución de responsabilidades y acciones concretas para cambiar las situaciones de opresión. 

Por eso es que la responsabilidad colectiva nos invita a pensar en escenarios de justicia alejados del castigo, el refuerzo negativo y el sistema carcelario. Una “rendición de cuentas” implica reconocer la poca efectividad que tienen el aislamiento y la condena sin ningún tipo de reflexión. Al castigar, aislar, o excluir no se prevendrán ni se reducirán las violencias. Tampoco se desmantelarán los sistemas de opresión racistas, clasistas o patriarcales y las personas victimizadas no tendrán más recursos o espacios para sanar. 

Desde esta apuesta la justicia no es punitiva, ni está ligada exclusivamente a la esfera institucional de jueces, cortes, denuncias y pruebas para un “castigo efectivo”. La justicia es restaurativa y es un proceso en el que no sólo se encuentran víctima y victimario sino también las comunidades a las que ambos pertenecen. Incluye mediaciones, compensaciones (para las víctimas), trabajo comunitario (para lxs agresores) y espacios colectivos amplios y transparentes, en los que se discuten y analizan las razones de las violencias. 

No es una fórmula universal o que pueda ser aplicada como un paso a paso para todos los casos. Es apenas un punto de partida. En situaciones de violencia sexual, por ejemplo, muchas víctimas no quieren entablar conversaciones abiertas con lxs agresorxs bajo ninguna circunstancia y eso es absolutamente válido. Lo que de este enfoque es sumamente valioso es la horizontalidad y el reconocimiento de que, frente a situaciones de violencia, la responsabilidad nunca es sólo de las “partes” involucradas, sino que es un proceso colectivo que requiere de cuestionamientos y respuestas en conjunto. Tanto comunidades como víctimas y victimarios pueden hacer ejercicios que redefinan las nociones de reparación en los espacios de fiesta: ¿seguimos pensando en cancelación? ¿Queremos hablar con quienes han sido escrachados y proponerles espacios de reparación? ¿Cómo evitar que personas victimizadas vean en los espacios de fiesta amenazas y exclusión?

La responsabilidad colectiva es una propuesta radical que no sólo cuestiona los efectos de las denuncias públicas en redes sociales como método de cancelación, sino también al pacto de silencio que expliqué al principio del artículo. Si el rechazo absoluto y la cancelación no nos están llevando a ninguna parte, el hecho de que todxs estén “mirando para otro lado” sistemáticamente, tampoco. 

La conversación tiene que empezar. Estará atravesada por muchísima rabia, porque muchxs hemos sido violentadxs y excluidxs sin consecuencia alguna. Sin embargo, no se trata de hacerla más grande, esconderla o ignorarla, sino de transformarla efectivamente.